Pronunciamiento contra todo intento de criminalizar la acción ciudadana en la defensa de derechos
EXPRESAMOS NUESTRA PREOCUPACIÓN POR AMENAZAS A DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Contra todo intento de criminalizar la acción ciudadana en la defensa de derechos
La Acción Popular presentada por organizaciones indígenas y de la sociedad civil contra los decretos supremos que ordenan abreviar plazos para autorizar nuevos cultivos transgénicos en Bolivia (DS. 4232, 4238) en la última semana ha despertado en el sector agropecuario empresarial del oriente boliviano, y de autoridades de gobierno públicamente vinculadas a este sector, una agresiva campaña buscando restar legitimidad a esta acción ciudadana.
Ante el tono amenazante que pone de manifiesto unas prácticas que vulneran el derecho humano a defender derechos, particularmente los derechos relacionados con la protección del medio ambiente, las organizaciones abajo firmantes hacemos pública la siguiente DECLARACIÓN:
1. Esta Acción Popular se fundamenta en un claro propósito de defender el derecho a una alimentación sana, derecho consagrado y protegido expresamente en convenios y acuerdos internacionales (Declaración universal DDHH año 1948, art. 25,1; Pacto Internacional de los DESC año 1976, Art.11; Protocolo de San Salvador año 1988, art. 12; Declaración de Roma año 1996, Preámbulo), reconocido en la Constitución Política del Estado (Art. 16,I y II; art. 75,1; art. 255,II,8; art. 20; art.373) y en varias leyes nacionales (Ley 144; ley 300; ley 453; ley 830).
Y más importante aún, esta Acción Popular es un mecanismo constitucional (art. 136 y 137) que tiene cualquier ciudadano para reclamar cuando autoridades o personas violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos.
2. Múltiples pronunciamientos del sector agro empresarial plantean un tono intimidatorio a las organizaciones y personas que impulsaron esta acción popular: declaración del presidente de ANAPO, Marcelo Pantoja, el pasado 24 de agosto[1], que amenaza “hasta las últimas consecuencias” de desenmascarar a activistas hasta calificativos de “lobos disfrazados de ovejas” de Luis Fernando Barbery Paz Presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz en su pronunciamiento del 26 de agosto[2]; o señalamientos públicos que buscan deslegitimar estas acciones tildando a activistas de opositores “al desarrollo del país” (CADEX Cámara de exportadores, logística y promoción de inversión de Santa Cruz, 28 de agosto[3]) o de “obstaculizar el desarrollo” (CAO Cámara Agropecuaria del Oriente, 26 de agosto[4].
Estas declaraciones no solo constituyen amenazas, señalamiento y deslegitimación de acciones de defensa de derechos humanos, sino que buscan limitar el derecho a la participación en el debate y definición de políticas públicas que tienen que ver con los alimentos de todos los bolivianos y bolivianas. En este sentido levantan preocupación de instituciones y organizaciones de derechos humanos.
3. Por lo expuesto hacemos un llamado a los gobernantes a retomar su rol fundamental de proteger derechos de toda la población y no asumir acciones que benefician a reducidos grupos y sectores. Particularmente exigimos a los gobernantes su obligación de: “garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad” (Acuerdo de Escazú, art. 9, ratificado en nuestro país por la Ley 1182).
Bolivia, 31 de agosto de 2020
Enlace en Google Drive para añadir adhesiones:
https://docs.google.com/document/d/1f628AKo_KXFsVCR7U2R9qw-sc3xArk7XNQszyf-wrBE/edit?usp=sharing
[1] https://youtu.be/82Jeamo3cgA
[2] https://ibce.org.bo/noticias-detalle.php?idNot=796
[3] https://ibce.org.bo/noticias-detalle.php?idNot=800
[4] https://ibce.org.bo/noticias-detalle.php?idNot=795