Iglesia Viva 22.04.21// Instituciones y representantes de la sociedad civil boliviana en un pronunciamiento, emitido el 21 de abril del presente, demandan que no se postergue el censo, “más ahora que estamos en un escenario nacional que exige respuestas urgentes y oportunas con políticas de salud, educación, empleo, vivienda, medio ambiente, justa redistribución de los recursos públicos y correcta distribución de representación democrática”.
Un censo permite conocer cuántas personas habitamos en Bolivia, cómo vivimos, dónde estamos y qué necesitamos. La información de esa fotografía social y demográfica, que debe ser levantada cada 10 años, es una guía para definir políticas públicas para el país; por tanto, postergar el censo es postergar la planificación del desarrollo.
El resultado del censo será la base fundamental para ajustar políticas de salud y educación, tan urgentes en el contexto de las secuelas por la pandemia del coronavirus. Permitirá establecer políticas de vivienda y atender las demandas de tantas familias migrantes, cada vez más concentradas en las ciudades.
Dejará claro dónde debe intensificarse el saneamiento básico, el acceso al agua y otras necesidades para mejorar la calidad de vida de nuestras familias, tanto en comunidades como en áreas urbanas.
Generará información sobre la situación del empleo, formal e informal, dará luces sobre dónde se encuentra la población más vulnerable, los pobres, ancianos, niños o personas con discapacidad; así como temas de género y de los pueblos y territorios indígena-originario-campesinos. En general, proporcionará datos orientadores para focalizar la toma de decisiones en los diferentes niveles de gobierno y contribuirá a optimizar la inversión y la prioridad de las políticas de cuidado en el país.
También es altamente relevante para una adecuada redistribución de los recursos públicos por criterio poblacional. Permitirá definir cuánto le corresponde a un departamento o a un municipio por coparticipación tributaria.
En lo político institucional, contribuirá a definir la distribución de los escaños parlamentarios, principalmente en la Cámara de Diputados. Más aún, permitirá ajustar el padrón electoral, tema tan sensible en pasadas elecciones, aspecto que resulta urgente actualizar, en un marco de total transparencia, y antes de los comicios de 2025.
Se trata de que el Estado y las instituciones dispongan de información precisa, confiable, completa y oportuna sobre la situación de la población. Por estas razones, el censo no es un tema gubernamental, sino estatal y de corresponsabilidad de todos.
La participación de la sociedad y el seguimiento en las distintas fases del proceso serán una garantía, junto con la disposición de la población para proporcionar información veraz para que el resultado se traduzca, posteriormente, en políticas, planes y proyectos.
El censo es la única fuente de datos e información con esas características, es de importancia para el conjunto del país, para los departamentos y cada uno de los municipios. El tiempo entre el operativo censal y la publicación de datos oficiales es de máxima relevancia.
Las instituciones y representantes de la sociedad civil boliviana que firmamos este pronunciamiento demandamos que no se postergue el censo, más ahora que estamos en un escenario nacional que exige respuestas urgentes y oportunas con políticas de salud, educación, empleo, vivienda, medio ambiente, justa redistribución de los recursos públicos y correcta distribución de representación democrática.
El censo requiere de la mayor voluntad política para llevarlo a cabo, de una determinación responsable con el país, con transparencia, sin intereses ni cálculos políticos, porque lo que está en juego es el bienestar de la población o el deterioro de sus condiciones de vida.
Recordamos a las autoridades que la Constitución Política del Estado y la Ley de Control Social permiten a la sociedad civil organizarse para demandar y vigilar que este proceso se desarrolle en un marco de oportunidad, transparencia y permanente acceso a la información.
Estamos cerca de cumplir el bicentenario de la independencia del país y es un momento para la unidad y la concertación en temas clave, uno de ellos es la realización del próximo censo de población y vivienda, indispensable para planificar el desarrollo.